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10/08/2020 | Valor Soja
La respuesta de Agricultura a la distorsión en el precio del trigo que acusan los productores
La ley que establece la relación entre el precio FOB y el cobro de retenciones data de noviembre de 1976 y se actualizó durante 2018 mediante una Resolución.

 

Productores alertaron esta semana por un aumento de retenciones “encubierto” para el trigo por una distorsión en el precio FOB oficial, que se utiliza en la práctica para el cálculo de los derechos de exportación.

El tema de los FOB más elevados que lo habitual viene desde hace tiempo, pero volvió a estar presente luego de un comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en donde apuntan contra la diferencia existente entre el precio que fija el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el precio de las operaciones reales: “(La diferencia) es muy importante y genera una distorsión indirecta del mercado triguero”.

“Hace que se pague un derecho de exportación más caro, y que deba facturarse para el ingreso de las divisas con un precio mayor”, señaló una fuente del mercado. Es decir, en la práctica es una forma de restringir las exportaciones: “En este caso es el trigo, pero en otros momentos también fue el maíz”.

Respuesta oficial

En diálogo con Agrofy, el subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación, Javier Preciado Patiño, comentó: “No es un precio que oriente al mercado, tiene que ser realista, pero el objetivo es fiscal”.

“Lo que estamos haciendo en precios FOB se ajusta a la normativa y está basado en parámetros del mercado”, añadió.
La Ley que establece este mecanismo es la 21453 (que se sancionó en noviembre de 1976). “Descarto cualquier intento de manipulación”, agregó el funcionario de Agricultura.

Actualmente, se estima que la diferencia entre el precio FOB del Gobierno y el precio que establecen los privados tiene una diferencia cercana a los US$ 15. Según Patiño, para determinar este precio se realiza un seguimiento del mercado, con encuestas entre los operadores.

En enero de 2018, a través de la Resolución 411, se facultó a la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios para fijar los Precios FOB oficiales. El por entonces subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, manifestó en su momento: “Esta medida permitirá mejorar las fuentes de información y la firma de convenios con distintas Instituciones, tanto locales como del extranjero, especialmente para poder contar en el caso de los granos y subproductos más importantes con indicadores de precios para distintos meses de embarque”.

Patiño remarcó que el mismo mercado después define los precios que efectivamente se pagan a los productores, que son los que acusan una falta de competencia entre la exportación y los molineros.

La campaña 2019/20 fue atípica en cuanto a la comercialización por la venta anticipada que hubo en diciembre del año pasado, cuando los productores se adelantaron al aumento de retenciones.

La cosecha de trigo, según estimaciones oficiales, fue de 19,75 millones de toneladas y la campaña se inició con un stock inicial de 1,74 millones de toneladas, lo que da una oferta total de 21,49 millones de toneladas. La exportación hasta ahora compró 15,27 millones de toneladas y la molinería 3,77 millones.

En este sentido, quedarían disponibles en el mercado 2,45 millones de toneladas cuando el consumo interno tiene que comprar 2,73 millones para cubrir una demanda de 6,50 millones.

Esta diferencia de 280 mil toneladas cerraría con ventas de la exportación a la molinería luego de un acuerdo entre los exportadores, el consumo interno y el gobierno. “Hicimos un gran trabajo para asegurarnos el abastecimiento para el mercado interno y la exportación”, manifestó durante abril el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

“Cazando en el zoológico”

El prosecretario de Carbap, Pablo Ginestet, señala que, en el mercado de trigo disponible, la molinería está “cazando en el zoológico”: “Los exportadores no salen a competir por el trigo”.

En la discusión de fondo aparece la relación del Consejo Agroindustrial Argentino con el gobierno nacional y el proyecto de Ley que se busca consensuar. “En tiempos en los que se habla mucho del Consejo Agroindustrial, ¿cómo se puede construir un plan a 10 años con este tipo de señales?”, se pregunta Ginestet, en línea con las declaraciones del presidente de Carbap, que días atrás manifestó: “Queremos formar parte (del Consejo), pero no a cualquier costo”.

Gabriel Quaizel

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